Cuestiones
relacionadas con la deuda y juicios pendientes ante tribunales estadounidenses:
1. Argentina entró
en default hace una década, después de su peor recesión desde la Gran
Depresión. Entre 1998 y 2002, el PIB se redujo en más del 20%; el desempleo
ascendió a más del 25%; la pobreza se elevó a 50%; los bancos cayeron en
quiebra y los depositantes perdieron sus ahorros. Surgió un malestar social
generalizado, con decenas de muertos y centenares de heridos en disturbios
callejeros y hubo cinco presidentes en apenas semanas. Al mejorar la situación,
el país debió aplicar una distribución equitativa de los costos y las
dificultades, a la vez que protegía a los más vulnerables y reactivaba la
economía y las instituciones. Para lograrlo, fue necesario renegociar gran
cantidad de contratos -explícitos e implícitos- económicos y sociales, tanto
nacionales como externos. Durante este proceso, los gobiernos argentinos se
esforzaron por cumplir con sus obligaciones financieras, incluidas las
contraídas con tenedores de bonos y empresas estadounidenses e internacionales,
en el marco de enormes limitaciones económicas y sociales.
2. La
reestructuración de la deuda argentina ha sido mucho más compleja que cualquier
otra: abarcó 152 emisiones de bonos en siete monedas distintas, en el marco de
ocho jurisdicciones distintas. Observadores imparciales reconocieron que el
único enfoque viable fue el adoptado por Gobierno Argentino: celebrar numerosas
reuniones (más de 70 en total) con diferentes grupos de acreedores en muchos
países, para posteriormente definir y presentar una oferta de canje que tomara
en cuenta diferentes intereses y posibilidades. Cualquier otro enfoque habría
conllevado graves dificultades jurídicas y operacionales.
3. La capacidad de
pago de Argentina (y por tanto, el descuento o recorte en el canje de la deuda)
se estableció en el marco de circunstancias excepcionales. En primer lugar, el
colapso de la economía argentina fue mucho peor que en otros casos de
reestructuración de deuda. En segundo término, no recibió apoyo financiero
internacional. Argentina tuvo que buscar una solución por sí misma para tratar
con sus acreedores. En tercer lugar, Argentina no sólo no recibió fondos
públicos, sino que además durante ese período se vio obligada a pagar
cantidades sustanciales a las instituciones financieras internacionales (IFI),
sobre todo al Fondo Monetario Internacional (cuya deuda fue cancelada en su
totalidad) y al Banco Mundial. Entre 2002 y principios de 2005, Argentina
efectuó pagos anuales promedio a los IFI de alrededor del 1% del PIB (lo que en
EE.UU. equivaldría a U$S150.000 millones al año), mientras que el resto de los
países que renegociaron sus deudas bajo el paradigma de "rescate con dinero
público" recibieron flujos netos de fondos públicos de las IFI.
4. En este contexto,
la oferta de canje de deuda se definió de acuerdo a las proyecciones realistas
de resultados futuros. Se ofreció a los tenedores de bonos la posibilidad de
participar en el crecimiento futuro de Argentina a través de cupones vinculados
al PBI o “warrants”. Estos instrumentos, valorados erróneamente por varios
analistas como prácticamente sin valor durante el canje de la deuda,
contribuyeron de manera significativa al valor neto actual del canje. De hecho,
un informe de 2010 del “U.S. Congressional Research Service” valoró el canje de
deuda de 2005 a 60 centavos por dólar, precisamente por el rendimiento de los
cupones vinculados al PBI.
5. El canje de deuda
de 2005 alcanzó un nivel razonablemente alto de aceptación (76,15%), y a
diferencia de algunas declaraciones, en la jurisdicción de Nueva York (que
incluye la mayoría de los acreedores estadounidenses), tuvo una aceptación
superior al promedio (aproximadamente 82%). Después de cerrar el canje de
deuda, el Gobierno Argentino asumió, tras el precedente sentado, que quienes no
querían aceptar la oferta deseaban iniciar litigios. De haberse reabierto la
oferta o aceptado un pago mayor a algunos tenedores de bonos, se hubiese deshecho
todo el acuerdo.
6. Sin embargo, en
2010 un grupo de tenedores de bonos que no participaron en el canje de deuda de
2005 presentó una propuesta de canje al Gobierno Argentino, el cual aceptó la
propuesta y la amplió para incluir a todos los acreedores interesados. Debido a
restricciones legales, esta oferta no pudo ser mejor que la anterior. Este
segundo canje de deuda fue ampliamente aceptado y, conjuntamente con el canje
de 2005, incrementó la aceptación total por parte de los acreedores a
aproximadamente 92% de la deuda en default; es decir, una cifra por encima del
umbral del 90% generalmente tomado como referencia para considerar que un canje
de deuda ha sido exitoso.
7. Actualmente, más
del 90% de la cantidad de reclamos presentados contra Argentina ante los
tribunales de EE.UU. corresponden a ciudadanos no-estadounidenses o fondos
buitres domiciliados fuera de dicho país. Por lo tanto, el impacto de la deuda
argentina no resuelta sobre ciudadanos estadounidenses es mínimo (alrededor de
U$S 300 millones) y casi insignificante para los contribuyentes de los EE.UU.
8. Uno de los hechos
institucionales positivos ocurridos desde la crisis argentina es la inclusión
de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) en las emisiones de bonos. Las CAC
básicamente eliminan el comportamiento altamente destructivo de los
oportunistas que no participan en los canjes de deuda, a fin de iniciar
litigios y tratar de lograr un acuerdo más favorable con posterioridad. Si la
deuda argentina que continúa siendo impugnada hubiese incluido estas CAC, y
dados los altos niveles de aceptación alcanzados en los dos canjes, no habría
cabida legal para que subsistan tenedores de bonos que no aceptaron el canje,
desapareciendo el modelo de negocios de los fondos buitre.
9. En este contexto,
continúan pendientes de resolución algunas sentencias de tribunales
estadounidenses, ya que por motivos básicos de equidad y no discriminación se
impone la necesidad de hallar una solución adecuada que no discrimine contra la
mayoría abrumadora de acreedores que aceptaron los canjes y compartieron
sacrificios con el pueblo argentino. Por otra parte, algunas de estas
sentencias judiciales contra Argentina ascienden a montos que dan enormes
ganancias a los especuladores de deudas soberana, calculas en alrededor de
5000% de la inversión original, mientras que los acreedores que se unieron a
los canjes de deuda de 2005 y 2012 (que representan 92% de la deuda en
default), aceptaron un descuento.
Cuestiones planteadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI):
1. En marzo de 2004,
en la cúspide de la ola de litigios contra Argentina, se habían iniciado 42
reclamos contra el país, de los 185 casos ante el CIADI. Para febrero de 2012
sólo había 17 reclamos pendientes contra Argentina, de un total de 372 casos.
Argentina ha ganado, solucionado de común acuerdo, u obtenido la anulación en
21 casos y sólo en 4 ocasiones los tribunales del CIADI dictaron laudos finales
contra Argentina. En términos monetarios, desde el inicio de los litigios
contra nuestro país ante el CIADI, el Gobierno Argentino ha resuelto disputas
sobre inversión por un monto de U$S 15.600 millones.
2. Argentina
reconoce que los dictámenes del CIADI son definitivos y vinculantes y que deben
cumplirse como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal
local. En ese sentido, la particularidad del proceso de arbitraje del CIADI es
que en virtud del artículo 54(1) del Convenio del CIADI, existe la obligación
de equiparar los laudos del CIADI a una sentencia definitiva de un tribunal
local. En Argentina, después de la sentencia definitiva de un tribunal local,
debe cumplirse con un procedimiento administrativo específico para que el
Ejecutivo proceda a pagar al beneficiario. El mecanismo del CIADI establece un
procedimiento de solución de controversias que mejora los demás sistemas de
arbitraje internacional (entre otros, el Convenio de Nueva York de 1958), pero
no proporciona a los beneficiarios de los laudos del CIADI un derecho
exorbitante que deje sin validez todos los requisitos administrativos en el
marco de las leyes locales del país receptor. Por lo tanto, los beneficiarios
de los laudos del CIADI contra Argentina deben cumplir con los procedimientos
administrativos de conformidad con el artículo 54(1) del Convenio del CIADI.
Hasta ahora no lo han hecho.
3. En conclusión,
Argentina cumple plenamente con sus compromisos en el marco del Convenio del
CIADI.
Cuestiones relacionadas con medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
1. En lo que atañe
al Grupo de Acción Financiera (GAFI), Argentina ha llevado a cabo diversas
medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo
que incluye la promulgación de una ley que tipifica como delito autónomo el
lavado de activos y cumple con la mayoría de las normas del GAFI. Además,
Argentina ha facultado a la Unidad de Información Financiera, una agencia
independiente dentro del Ministerio de Justicia, a reforzar la supervisión y
vigilancia y ha adoptado un Plan de Acción que aumentó considerablemente la
cantidad de individuos sujetos a escrutinio, así como de sujetos obligados que
deben presentar informes sobre transacciones sospechosas.
2. Asimismo, el
Congreso Argentino aprobó recientemente dos proyectos de ley importantes que
proponen modificar el Código Penal en el sentido de: i) crear un agravante
genérico para todo delito cometido por personas o entidades con fines
terroristas, la cual concuerda con los estándares internacionales más
estrictos, y ii) modifica la definición del tipo penal de la financiación del
terrorismo como delito para penalizar la financiación directa o e indirecta de
todos los delitos cometidos con fines terroristas. Por último, la Presidenta
Cristina Kirchner también emitió un Decreto que crea el Programa Nacional de
Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
3. En febrero de 2012, durante su última reunión plenaria en París, el GAFI resaltó el compromiso de alto nivel de Argentina; acogió con beneplácito la promulgación de la nueva ley que mejora considerablemente la penalización de la financiación de terrorismo, así como la ejecución del Plan de Acción propuesto por el país, a la vez que felicitó a Argentina por sus recientes esfuerzos en este campo.
Alegaciones de
proteccionismo
Los alegatos de
proteccionismo revelan una hipocresía profunda. Las medidas comerciales
adoptadas por el Gobierno Argentino en los últimos años han tomado en cuenta
las necesidades comerciales, de desarrollo y financieras específicas del país,
en el contexto de las penurias causadas por la actual crisis
económico-financiera.
La crisis financiera
global cambió las características del comercio. Las políticas de estímulo
fiscal han creado un exceso de liquidez e impulsado una avalancha de bienes
manufacturados que no pueden venderse en los mercados de las economías
avanzadas, lo que ha repercutido sobre el empleo y las industrias nacionales en
los países en desarrollo.
Argentina en
particular enfrenta una situación aún más delicada. Dado que Argentina no puede
obtener financiamiento en los mercados internacionales, mantener su superávit
comercial resulta crucial para su sustentabilidad económica. En caso contrario,
el proceso de recuperación económica de la crisis que sufrió en 2001-2002
podría verse amenazado.
Estas medidas son de
naturaleza transitoria y fueron concebidas para ayudar a nuestra economía a
hacer frente más eficazmente a una situación previsiblemente más compleja, con
el objeto de mantener los niveles de empleo e inclusión social.
Básicamente, estas
medidas no han obstaculizado el flujo normal del comercio bilateral, ni se han
aplicado para restringirlo, lo que se constata claramente al observar las
siguientes cifras:
• En el 2011, las
exportaciones de Estados Unidos aumentaron 34.6%, mientras durante dicho año,
el déficit comercial bilateral de Argentina con EE.UU. aumentó aproximadamente
U$S 4.100 millones; es decir, 53,6% si se compara con 2010 y más de 300%
comparado con 2009.
• En 2011 el
comercio total de bienes entre Argentina y EE.UU. alcanzó una cifra sin
precedentes de U$S13.200 millones, y aumentó 29,6% si se compara con 2010.
Entre 2001 y 2010, esta cifra aumentó en 107,7%.
• Esto refleja una
tendencia en la cual las empresas y exportaciones estadounidenses se benefician
ampliamente cuando la economía argentina registra un fuerte crecimiento. En
este sentido, las medidas adoptadas por Argentina contribuyen a mantener una
situación en la cual, en última instancia, se benefician los exportadores
estadounidenses.
Cumplimiento del
Convenio Constitutivo del FMI
Argentina cumple
cabalmente con sus obligaciones en el marco del Convenio Constitutivo del FMI.
De hecho, el Artículo IV de dicho estatuto dispone que los países deben
proporcionar al FMI toda la información necesaria para la supervisión de las
políticas en materia del tipo de cambio, pero están obligadas a consultar con
el FMI únicamente cuando así lo solicite este organismo.
Por lo tanto, si
bien Argentina concluyó su última revisión en el marco del Artículo IV en julio
de 2006, cumple plenamente con sus obligaciones, según lo previsto en el
Convenio Constitutivo del FMI.
Expropiación de YPF
El 4 de mayo de
2012, la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner promulgó
una ley que fue aprobada abrumadoramente por el Congreso Nacional, destinada a
la recuperación de YPF S.A. para el Estado Argentino y reclamando el 51% del
patrimonio de la empresa al declararlo de utilidad pública y sujeto a
expropiación.
A lo largo de los
últimos años, los intereses del accionista mayoritario (Repsol S.A.) han sido
distintos a los objetivos de desarrollo de Argentina. A pesar de que el
Gobierno Argentino puso en práctica programas de incentivos para promover la
exploración y la producción de petróleo y gas, no se hicieron los incrementos
necesarios en las inversiones, la producción y en el horizonte de reservas para
preservar las bases del modelo de crecimiento económico con inclusión social
establecido en 2003. Por ello, fue necesario que el Estado retomara el control
de esta empresa.
Mientras numerosas
empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron sus
inversiones, y con ello sus niveles de producción, hubo una disminución
progresiva de la producción local de hidrocarburos por parte de YPF-Repsol S.A
en Argentina.
En 1997, YPF
representaba el 42% de la producción petrolera, mientras que en 2011 YPF-Repsol
representó el 34%. Asimismo, en 1997 YPF representaba 35% de la producción de
gas y, en el año 2011, esta cifra bajó a 23%.
Entre los años 1998
y 2011 la producción total de petróleo en Argentina se redujo en 15,9 millones
de m3 por año, de los cuales 8,6 millones de m3 (54%) fueron responsabilidad de
YPF-Repsol. Entre 2004 y 2011 la producción total de gas se redujo en 6,6
millones de m3 por año, de los cuales 6,4 millones (97%) correspondieron a
YPF-Repsol.
Si YPF-Repsol
hubiera mantenido los niveles de producción de petróleo alcanzados en el año
1998 y los niveles de producción de gas del 2004, la caída en la producción
petrolera se habría reducido a la mitad de los niveles actuales, mientras no se
habría registrado reducción alguna en la producción de gas.
Las medidas tomadas
por YPF-Repsol en Argentina provocaron una marcada reducción en la capacidad de
autoabastecimiento en materia de combustibles, por lo que hubo una creciente
necesidad de importar combustibles. A su vez, esto generó una mayor
vulnerabilidad externa e incidió en las políticas de crecimiento con inclusión
social que, desde el 2003, fomentaron entre otras cosas que la tasa de
desocupación se redujera del 24,7% registrado en 2002 al 6,7% actual de la
población económicamente activa.
Debido a las
políticas ejecutadas por YPF-Repsol, por primera vez en 17 años Argentina
registró un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, que alcanzó
US$3.029 millones en 2011.
El análisis de la
estrategia económico financiera seguida por Repsol muestra que entre los años
1997 y 2010 obtuvo utilidades por US$16.600 millones y distribuyó dividendos
por US$14.200 millones.
Al distribuir como
dividendos más del 85% de las utilidades generadas en el mencionado período,
las posibilidades de capitalización de la compañía se vieron prácticamente
anuladas. Al mismo tiempo, desde el año 2007 Repsol-YPF duplicó su nivel de
endeudamiento y produjo un virtual agotamiento del capital de la empresa.
Como declaró la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar la expropiación:
“¿Y cómo es que se
obtuvo tanta rentabilidad? Muy simple, segmentaron el mercado. ¿Qué hicieron?
Con las naftas, con el petróleo que sacaban de acá refinaban a un 80 por ciento
para el Premium, el público que paga la nafta más cara, los productos Premium.
Todo lo que era JP1, que es un combustible muy caro para los aviones, todo lo
que era Premium, eso era lo que daba rentabilidad. Y nosotros tenemos que
importar el gasoil y el fuel oil para mantener a toda la producción agrícola
ganadera y mantener toda la producción de energía eléctrica en la República
Argentina. Esa es la clave, segmentaron el mercado y lo que extraían lo
dedicaban únicamente al Premium y el resto, bueno, el resto se lo llevaban”.
El Estado nacional y
las provincias controlarán el 51% del paquete accionario de la empresa,
manteniendo la forma de una Sociedad Anónima. Por lo tanto, no va a ser una
compañía estatal.
La medida de
expropiación se adoptó en virtud de la Constitución Nacional, la Ley 21.499 y
se encuentra prevista en el tratado de inversión bilateral suscripto con España
en 1991.
El Tribunal de
Tasaciones de la Nación determinará el valor de la empresa.
Esto beneficiará a
los accionistas, ya que las políticas de gestión de la compañía no sumaban
valor para el accionista. Una correcta política de desarrollo sustentable dará
un horizonte temporal mayor para las actividades del negocio y aumentará la
valoración de la compañía.
El modelo de
negocios de YPF-Repsol era inviable en el largo plazo debido a la conducta
predatoria de la empresa Repsol, así como su falta de inversión en materia de
exploración y producción de hidrocarburos.
Los inversionistas
deben tomar en cuenta que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló
lo siguiente: “Con toda empresa argentina cuyos accionistas sean extranjeros,
tengan la certeza que en la medida que acompañen al crecimiento del país, como
lo ha hecho la inmensa mayoría, vamos a seguir trabajando codo a codo, como nos
tocó trabajar con la industria automotriz cuando tuvimos que ayudar a General
Motors, una empresa con accionistas de origen estadounidense”.
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