El presidente colombiano Juan Manuel Santos confesó en conferencia de prensa junto a su homólogo estadounidense, Barack Obama que desde hacía dos décadas soñaba con la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Al
parecer, Santos no oyó las declaraciones del ex secretario de Estado
norteamericano, Colin Powell cuando en 2005 afirmó “nuestro objetivo con
el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) es garantizar a las
empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo
Ártico hasta la Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo o
dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en
todo el hemisferio”.
El ALCA (después se convirtió en TLCs) fue
derrotado en la IV Cumbre de las Américas, efectuada en Argentina en
2005, por las posiciones soberanas y nacionalistas asumidas por varios
presidentes latinoamericanos presentes en la cita.
El pacto
neoliberal (TLC) entre Colombia y Estados Unidos entrará en vigor el
próximo 15 de mayo, pero los esfuerzos por firmarlo comenzaron con el
anterior gobierno de Álvaro Uribe, quien convirtió su adopción en una
verdadera paranoia, política que continuó Juan Manuel Santos.
Uribe, sus ministros y empresarios viajaron en múltiples ocasiones a
Washington para tratar de convencer a los congresistas que se oponían al
TLC (similar gestión realizó Santos) y con ese fin, Bogotá abrió su
territorio a las tropas norteamericanas e impulsó la privatización en
todos los sectores de la economía.
Son innumerables las ventas
de empresas de producción y servicios efectuadas en los últimos años
como las eléctricas de Boyacán, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte
de Santander, Meta y Termocandelaria; enormes extensiones de terreno
para la extracción de minerales, construcción de hidroeléctricas con las
consecuentes afectaciones a los pobladores originales y al medio
ambiente.
Se privatizaron el Banco Popular y el Colpatria; la
mayoría de las grandes y medianas industrias estatales; la minería e
inmobiliaria, servicios de agua potable, alcantarillado, la salud,
seguros y educación.
Con la entrada en vigor del TLC,
prácticamente se desarticula la soberanía del país pues sus 1 531
páginas se convierten en ley regida por lineamientos internacionales (la
Constitución solo tiene 108 páginas) y por tanto, nadie en algún nivel u
organismo del Estado, podrá aprobar algo que contradiga su texto. Solo
Washington tendrá derecho a realizar modificaciones al texto con las
consabidas ventajas a su favor.
Dentro del acápite de la
Propiedad Intelectual, Colombia se compromete a regirse por otros cuatro
acuerdos internacionales que favorecen la penetración y libre accionar
de las transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que
responder por reclamaciones ambientales, despidos laborales y
violaciones de derechos humanos.
El Tratado acelerará la
entrada de capital foráneo en sectores como la salud, educación,
alimentos, la abundante fauna y flora, mientras permitirá a Estados
Unidos convertir a Colombia en un apéndice fundamental para el
desarrollo de su economía, al poder contar con todas sus tesoros
naturales, económicos y financieros.
El presidente de la
Central Única de Trabajadores (CUT), Pedro Mora, señaló que la
desigualdad entre los sectores productivos de ambas naciones perjudicará
a los nacionales pues los productos agrícolas estadounidenses son
beneficiados con subsidios que abaratan el precio de las mercancías y
promueven mejoras tecnológicas que dejan desvalidos a los colombianos
con la consecuente pérdida de empleos y la quiebra del sector agrario.
El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, ofreció datos que
contradicen la euforia del presidente Santos: las exportaciones de
Estados Unidos hacia Colombia se incrementarán 40 %, mientras que ese
país solo va a importar 6 %; la venta de arroz a Colombia crecerá 739 %;
las frutas y vegetales 18 %; las semillas oleaginosas 26 %; los
productos de semillas 126 %; la carne de res 82 %; las aves de corral y
de cerdo 64 % y los lácteos 53 %. “Nos va a ir bastante mal, significó,
porque las cifras son desestabilizadoras del aparato productivo
colombiano”.
Como explicó otro diputado, Bogota podrá vender
florecitas, frutas, hortalizas, café, algunos plásticos y textiles y las
transnacionales se llevarán a precios ínfimos el petróleo, los
minerales y las ganancias sin apenas crear empleos en Colombia o
reintegrar divisas.
Aunque Colombia tiene un Producto Interno
Bruto de 450 000 millones de dólares y enormes riquezas minerales, más
de 23 millones de los 41 millones de sus habitantes viven en la pobreza
lo cual se ha agudizado con la crisis económica mundial y las políticas
neoliberales establecidas en los últimos años.
Según la UNICEF,
en Colombia 5 000 niños mueren cada año por causas relacionadas con
desnutrición. Un documento suscrito por la Iglesia Católica denunció que
“no solo el 52 % de los colombianos vive en la pobreza, sino que el 20 %
se encuentra en la indigencia mientras 5 000 000 se van a dormir,
diariamente, sin comer”. La situación en el campo se agudiza por la
abismal diferencia social existente pues el 1 % de la población controla
más del 50 % de la tierra, lo que provoca que 3 de cada 4 campesinos se
encuentren en la pobreza.
La desigualdad en este país andino
se ha profundizado, una pequeña parte de la población disfruta de las
riquezas y del progreso; la gran mayoría esta sumida en el atraso y la
postración. La distribución del ingreso empeoró al pasar el coeficiente
Gini de 0.56 en 2002 a 0.59 en 2008.
El sector financiero ha
sido uno de las más beneficiados con ese sistema neoliberal pues un
informe oficial indica que sus utilidades se multiplicaron por 8 en el
transcurso de 8 años, al pasar de 632 000 millones de dólares en 2002 a
5,25 billones en 2010. En ese mismo período el salario mínimo solo se
incrementó 6 %.
Un ejemplo esclarecedor sobre esa realidad es
que, pese a un crecimiento promedio del PIB de 6 % anual del 2003 al
2009, aumentaron los índices de pobreza y de desempleo en el país. Las
ganancias volaron hacia los países sedes de las transnacionales o
engrosaron las arcas de los oligarcas nacionales.
Los analistas
puntualizan que con la entrada en vigor del Tratado, se acelerará la
fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentará la privatización
de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se
incrementará la desigualdad y el trabajo precario; se reducirá la
producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas
procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perderá la soberanía
económica y política de la nación.
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