LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL
La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río
Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la
agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles),
dispararon sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a
dos mujeres embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros
cuatro, evidencia no sólo la continuidad del terrorismo de Estado
impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el presidente
Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar norteamericana
en ese país.
Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se
informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de
Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola
(estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo
contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la
imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.
Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y
políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman 25
asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual
gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas
por los militares golpistas de junio de 2009, es sólo una continuidad
de esa dictadura. Los asesinatos cometidos por la fuerzas de
ocupación en este país son cotidianos y evidencian que ése es el
proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los dejamos
avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien
mil habitantes. Se estiman alrededor de 700 homicidios mensuales y unas
20 víctimas diarias. El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en
la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6
por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los
asesinatos participaron sicarios.
Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios
colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente
de Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la
Fundación Uno América, que participó activamente en el golpe. Centenares
de personas han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar
la resistencia y al entender que no tienen posibilidad de ganar en
nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo
al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante
las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de
Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.
Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de
justificación de esos asesinatos por parte del Director de la Policía
Nacional, Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de
disparos en la escena”. Aún cuando se observó que las víctimas estaban
desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que
les dispararon a mansalva con ametralladoras y granadas. Lo mismo
sucede con los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El
pueblo miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la
ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción
policial y militar en el tema del narcotráfico, además del feudalismo
imperante en esa zona del país, sumida en una enorme pobreza. Hay más
de 1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.
El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza
un artículo señalando que la “Armada de los Estados Unidos, usando
lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está
siendo peleada en la selva miskita, ha construido un campamento
(centro operativo) con poca notoriedad pública pero con apoyo del
gobierno hondureño”. El citado artículo reconoce la instalación de
tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto
Castilla y El Aguacate”.
El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica
lo que llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en
nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron
dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección
apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene
estableciendo con los países de la región.
A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de
muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un
silencio cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan
Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió
armas y asesores para una supuesta guerra contra el narcotráfico, más
de 55 mil personas han sido secuestradas y asesinadas en forma atroz,
sembrando el terror en el norte de ese país. Existen unos diez mil
desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el
conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que la
mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que
Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas,
como se ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación
Náufrago ) o Rápido y Furioso.
Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para
entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas
fueron a parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan
en tortura con la población civil, y con inmigrantes que van hacia
Estados Unidos y son asesinados y despedazados, como se ha visto en la
aparición de cadáveres en distintos lugares.
México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según
políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y
por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si
en las elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las
armas de EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y
luego enviadas a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y
Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y el caos.
Honduras bajo terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el
feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo
contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un
oficial de los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los
tiempos, preparada en Estados Unidos y autora de crímenes de lesa
humanidad y de desaparición de aldeas enteras, cuyos pobladores fueron
eliminados.
Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las
dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina
considerando además la población de poco más de diez millones de
habitantes.
Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el
gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas,
persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación
de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que
había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.
La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual
ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares extranjeras
y un terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora en una
supuesta “Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas
militares y paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de
paz que signifique producir un verdadero cambio en ese país. Colombia
es el país de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor
cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX
y lo que va del XXI.
Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio
firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las agencias
de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en
ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo,
el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los
Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su
solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de
pueblos hermanos y denunciar los graves peligros de una profundización
de la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia
todo el continente.
Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja
intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial
y la militarización que intenta una recolonización regional en el siglo
XXI.
Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012
Mopassol, Paso 493, 3º B, CA de Buenos Aires. TE 54 11 4951 4985
www.mopassol.com.ar
Por Gabriel Fuks *
