Por Leandro Morgenfeld
Revista Debate
La revisión de la estrategia en la lucha contra el narcotráfico será uno de los temas más candentes de la Cumbre de las Américas, pese a la reticencia de Estados Unidos.
Más allá de los deseos de la Casa Blanca, la VI Cumbre de las Américas abordará al menos tres temas polémicos: la exclusión de Cuba, el conflicto de Malvinas y las políticas de combate al narcotráfico. Este último tema es una novedad. Por primera vez y con mucho énfasis, son los mandatarios de los países latinoamericanos quienes proponen abordar un tema “tabú”: el fracaso de la “guerra a las drogas”, impulsada por Washington desde hace cuatro décadas.
El gobierno de Juan Manuel Santos, anfitrión, planteó la necesidad de abordar la cuestión en Cartagena. Los mandatarios centroamericanos, además, intentarán presentar una propuesta regional unificada sobre cómo avanzar en la lucha contra los carteles. Los países de la Unasur también tomaron la iniciativa y, en mayo, discutirán alternativas en torno a la legalización.
Las estadísticas apoyan la creciente percepción del fracaso de las políticas impulsadas por Washington. Desde que Felipe Calderón lanzó la cruzada militar contra el narcotráfico en México, hace cinco años, cincuenta mil personas fueron asesinadas. En toda Centroamérica, hubo veinte mil víctimas fatales sólo en 2011, con un noventa por ciento concentrado en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Para algunos analistas, el problema se centra en la legalización del consumo. Esta perspectiva preocupa a la Casa Blanca. En su reciente gira centroamericana, el vicepresidente Joe Biden señaló que “no hay ninguna posibilidad de que la administración Obama cambie su política con respecto a la legalización”. La preocupación de los funcionarios de Washington se debe a que a Barack Obama le será difícil argumentar que las políticas de prohibición fueron exitosas. Pese al Plan Colombia -con un presupuesto de ocho mil millones de dólares-, se produce en ese país el 95 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos.
El pasado 22 de marzo, en Bogotá, se realizó un foro continental para discutir la problemática. Académicos y especialistas coincidieron en que en la inminente Cumbre de las Américas se debe avanzar más allá del tema de la legalización, para explorar alternativas que alienten una reducción de la violencia producto del narcotráfico, una flexibilización de las sanciones previstas en las legislaciones y la aplicación de políticas de resocialización para el consumidor.
Más allá de la discusión sobre si la legalización ayudará o no a combatir el narcotráfico, lo que es llamativo es que se perpetúen políticas inefectivas. Hace años que Washington utiliza la lucha contra el narcotráfico como argumento para interferir militar y políticamente en los países latinoamericanos. La Drug Enforcement Administration (DEA) es la agencia antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos que interviene en todo el continente. El caso argentino es elocuente. Como en 2011 fueron suspendidas las acciones conjuntas con la DEA, en un informe del Departamento de Estado de marzo de 2012 se señaló que el flagelo de la droga se incrementa en la Argentina por la falta de políticas de coordinación de sus fuerzas de seguridad y por la renuncia a la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, como represalia, la Argentina entró en la “lista negra” de lavado de dinero y crecimiento del narcotráfico. Estados Unidos presiona de esta forma cuando se limitan las operaciones de sus agencias.
Pero diversos países de la región alzan la voz por primera vez denunciando el fracaso de las políticas antinarcóticos de Washington. Proliferación de bases militares estadounidenses en el continente, grupos paramilitares, operaciones de contrainsurgencia, narcoestados y aumento de la producción y el comercio ilegal de drogas son el saldo negativo de una estrategia inconducente. El tema será uno de los más calientes en la Cumbre de Cartagena. Parece auspicioso, en este contexto, que América Latina se aleje de los mandatos de Estados Unidos y desarrolle políticas propias, evitando el intervencionismo que se esconde debajo del ropaje de la guerra contra las drogas. En mayo, también en Colombia, habrá una cumbre de ministros de los países de la Unasur. Allí se discutirá la descriminalización de los consumidores de drogas ilegales y otras políticas regionales. El debate recién empieza.
El gobierno de Juan Manuel Santos, anfitrión, planteó la necesidad de abordar la cuestión en Cartagena. Los mandatarios centroamericanos, además, intentarán presentar una propuesta regional unificada sobre cómo avanzar en la lucha contra los carteles. Los países de la Unasur también tomaron la iniciativa y, en mayo, discutirán alternativas en torno a la legalización.
Las estadísticas apoyan la creciente percepción del fracaso de las políticas impulsadas por Washington. Desde que Felipe Calderón lanzó la cruzada militar contra el narcotráfico en México, hace cinco años, cincuenta mil personas fueron asesinadas. En toda Centroamérica, hubo veinte mil víctimas fatales sólo en 2011, con un noventa por ciento concentrado en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Para algunos analistas, el problema se centra en la legalización del consumo. Esta perspectiva preocupa a la Casa Blanca. En su reciente gira centroamericana, el vicepresidente Joe Biden señaló que “no hay ninguna posibilidad de que la administración Obama cambie su política con respecto a la legalización”. La preocupación de los funcionarios de Washington se debe a que a Barack Obama le será difícil argumentar que las políticas de prohibición fueron exitosas. Pese al Plan Colombia -con un presupuesto de ocho mil millones de dólares-, se produce en ese país el 95 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos.
El pasado 22 de marzo, en Bogotá, se realizó un foro continental para discutir la problemática. Académicos y especialistas coincidieron en que en la inminente Cumbre de las Américas se debe avanzar más allá del tema de la legalización, para explorar alternativas que alienten una reducción de la violencia producto del narcotráfico, una flexibilización de las sanciones previstas en las legislaciones y la aplicación de políticas de resocialización para el consumidor.
Más allá de la discusión sobre si la legalización ayudará o no a combatir el narcotráfico, lo que es llamativo es que se perpetúen políticas inefectivas. Hace años que Washington utiliza la lucha contra el narcotráfico como argumento para interferir militar y políticamente en los países latinoamericanos. La Drug Enforcement Administration (DEA) es la agencia antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos que interviene en todo el continente. El caso argentino es elocuente. Como en 2011 fueron suspendidas las acciones conjuntas con la DEA, en un informe del Departamento de Estado de marzo de 2012 se señaló que el flagelo de la droga se incrementa en la Argentina por la falta de políticas de coordinación de sus fuerzas de seguridad y por la renuncia a la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, como represalia, la Argentina entró en la “lista negra” de lavado de dinero y crecimiento del narcotráfico. Estados Unidos presiona de esta forma cuando se limitan las operaciones de sus agencias.
Pero diversos países de la región alzan la voz por primera vez denunciando el fracaso de las políticas antinarcóticos de Washington. Proliferación de bases militares estadounidenses en el continente, grupos paramilitares, operaciones de contrainsurgencia, narcoestados y aumento de la producción y el comercio ilegal de drogas son el saldo negativo de una estrategia inconducente. El tema será uno de los más calientes en la Cumbre de Cartagena. Parece auspicioso, en este contexto, que América Latina se aleje de los mandatos de Estados Unidos y desarrolle políticas propias, evitando el intervencionismo que se esconde debajo del ropaje de la guerra contra las drogas. En mayo, también en Colombia, habrá una cumbre de ministros de los países de la Unasur. Allí se discutirá la descriminalización de los consumidores de drogas ilegales y otras políticas regionales. El debate recién empieza.
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