En
un documento de 45 páginas, 17 países expresan su voz de apoyo a la
administración de Barack Obama al señalar que la ley de inmigración
ilegal atenta contra los Derechos Fundamentales y Constitucionales de
las personas y la unidad de Estados Unidos como país.
México, Argentina, Bolivia,
Brasil, Guatemala, Panamá y Honduras junto con otros 10 países
afirmaron que de ser aprobada la ley de inmigración ilegal del Estado de
Arizona, que será analizada hoy por la Corte Suprema de Justicia de
Estados Unidos, esta podría poner en peligro las relaciones diplomáticas
con el vecino país.
En un documento enviado a los magistrados de la Corporación estadounidense, el Gobierno del presidente Felipe Calderón estimó que la controvertida ley constituye una amenaza inminente a las relaciones bilaterales de ambas naciones al resaltar que su país no puede continuar con unas negociaciones eficaces con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior del Gobierno federal se ven afectadas y saboteadas por intereses individuales de sus estados miembros.
Los 17 países se sumaron así a la iniciativa de apoyar al Gobierno de Obama para reclamar que la ley, que entre otras cosas prevé un control basado en el aspecto para reprimir a los inmigrantes ilegales, sea reformulada por la Corte Suprema, como ha ocurrido en la instancia de apelación.
“Es, pues, esencial para esos gobiernos y para Estados Unidos que los intereses de cada país se expresen en una sola voz”, se lee en un aparte del documento.
La primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, quien asistirá hoy ante los magistrados del alto Tribual expondrá los argumentos en contra de la aprobación de la normativa.
Según el instituto de investigación Pew Center, más de medio millón de ciudadanos hondureños hacen parte de los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos, y de los 400 mil clandestinos que viven en Arizona.
México agregó que esta ley “constituye una amenaza inminente para los derechos humanos y los derechos civiles de sus ciudadanos”, estimando que existe “un interés legítimo en asegurar que sus compatriotas, cualquiera que sea su estatus migratorio, no se vean privados de sus derechos, consagrados en la Constitución norteamericana y el derecho internacional”.
Los nueve jueces que componen la sala de la Corte, tendrán la obligación de decidir si algunos apartes de esta polémica ley, que fueron anuladas por pedido de la administración Federal son constitucionales, como alega el estado de Arizona.
Según México la SB1070 “se inmiscuye directamente en la política federal sobre inmigración, ya que obstaculiza las relaciones diplomáticas eficaces y coherentes”, de Estados Unidos con los demás países.
El Gobierno demócrata estima que esta ley invade las prerrogativas constitucionales del Gobierno federal al cual le constituye la elaboración de normas que regulen la política migratoria del país.
Obama solicitó en 2010 declarar inconstitucional los artículos que obligan a todos los ciudadanos del Estado de Arizona a llevar documentación en todo momento para demostrar que residen legalmente en el país; la nueva competencia que tendrían las autoridades para detener a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado e iniciar su proceso de deportación; convertir la inmigración ilegal en un delito a nivel estatal y la criminalización de las relaciones contractuales entre empresarios e inmigrantes indocumentados.
En un documento enviado a los magistrados de la Corporación estadounidense, el Gobierno del presidente Felipe Calderón estimó que la controvertida ley constituye una amenaza inminente a las relaciones bilaterales de ambas naciones al resaltar que su país no puede continuar con unas negociaciones eficaces con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior del Gobierno federal se ven afectadas y saboteadas por intereses individuales de sus estados miembros.
Los 17 países se sumaron así a la iniciativa de apoyar al Gobierno de Obama para reclamar que la ley, que entre otras cosas prevé un control basado en el aspecto para reprimir a los inmigrantes ilegales, sea reformulada por la Corte Suprema, como ha ocurrido en la instancia de apelación.
“Es, pues, esencial para esos gobiernos y para Estados Unidos que los intereses de cada país se expresen en una sola voz”, se lee en un aparte del documento.
La primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, quien asistirá hoy ante los magistrados del alto Tribual expondrá los argumentos en contra de la aprobación de la normativa.
Según el instituto de investigación Pew Center, más de medio millón de ciudadanos hondureños hacen parte de los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos, y de los 400 mil clandestinos que viven en Arizona.
México agregó que esta ley “constituye una amenaza inminente para los derechos humanos y los derechos civiles de sus ciudadanos”, estimando que existe “un interés legítimo en asegurar que sus compatriotas, cualquiera que sea su estatus migratorio, no se vean privados de sus derechos, consagrados en la Constitución norteamericana y el derecho internacional”.
Los nueve jueces que componen la sala de la Corte, tendrán la obligación de decidir si algunos apartes de esta polémica ley, que fueron anuladas por pedido de la administración Federal son constitucionales, como alega el estado de Arizona.
Según México la SB1070 “se inmiscuye directamente en la política federal sobre inmigración, ya que obstaculiza las relaciones diplomáticas eficaces y coherentes”, de Estados Unidos con los demás países.
El Gobierno demócrata estima que esta ley invade las prerrogativas constitucionales del Gobierno federal al cual le constituye la elaboración de normas que regulen la política migratoria del país.
Obama solicitó en 2010 declarar inconstitucional los artículos que obligan a todos los ciudadanos del Estado de Arizona a llevar documentación en todo momento para demostrar que residen legalmente en el país; la nueva competencia que tendrían las autoridades para detener a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado e iniciar su proceso de deportación; convertir la inmigración ilegal en un delito a nivel estatal y la criminalización de las relaciones contractuales entre empresarios e inmigrantes indocumentados.
Publicada por WASHINGTON, AFP
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