Los juicios en el CIADI condicionan decisiones clave en toda Latinoamérica
El Ciadi funciona como tribunal del Banco Mundial
Por Alejandro Bercovich (BAE)
Los juicios de empresas contra Estados en el Ciadi se multiplicaron como hongos durante la última década, con especial incidencia en América latina. Con la pérdida de peso político de instituciones financieras como el Fondo Monetario, las demandas privadas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial ganaron importancia como mecanismo de control y condicionamiento para evitar que los gobiernos cambiaran demasiado abruptamente sus políticas económicas. Incluso permitieron que las multinacionales cuestionen en la arena internacional las políticas ambientales y hasta sanitarias de cada nación, como ocurrió hace dos años con un juicio de Phillip Morris contra Uruguay por su campaña nacional antitabaco.
El juicio de Azurix contra la Argentina, uno de los dos que disparó la represalia comercial de ayer de la Casa Blanca (ver página 2), llegó a un pico de tensión en septiembre del año pasado, cuando el lobby de la ex subsidiaria de Enron llegó hasta el Capitolio estadounidense. Allí el congresista republicano John Culberson (Texas) pidió abiertamente al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que bloquee la concesión al país de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, tras alegar que se había incumplido el fallo del Ciadi que obligaba al Estado a pagarle u$s162,5 millones a la empresa.
El entonces embajador en Washington, Alfredo Chiaradía, respondió con el mismo argumento que virtió ayer la Cancillería: que Azurix nunca hizo los trámites para cobrar y que el Gobierno acataría el fallo del Ciadi, apelado inicialmente pero ratificado por el tribunal. El laudo data de 2006 y la rescisión del contrato de concesión del servicio de aguas y saneamiento, de 2002.
El episodio es sólo una cuenta más de un rosario de fallos polémicos, presiones y cabildeos privados ante gobiernos de distinto signo político. En febrero de 2007, por caso, el Ciadi dispuso que la Argentina debía pagarle 200 millones de dólares a Siemens por haber rescindido en 2001 el contrato de confección de los DNI de 1998. En 2008, la firma alemana confirmó haber pagado coimas por unos 30 millones de dólares para obtener ese contrato. Pero la sanción siguió firme.
A nivel regional, las demandas de empresas ante el Ciadi son de lo más variadas. En 2010, por ejemplo, el gigante del tabaco Phillip Morris presentó un juicio contra el gobierno de Uruguay por 2.000 millones de dólares debido a la campaña antitabaco que desplegó el gobierno del Frente Amplio. La administración oriental decidió mantener los pies dentro del plato para no sufrir un embate político–económico internacional y relajó parte de las restricciones que les había fijado a todas las empresas del sector.
Aunque el Ciadi se creó en 1965, recién empezó a tener verdadero poder en la década del ’90, cuando la mayoría de los países latinoamericanos firmaron tratados bilaterales de inversión (TBI) con muchas potencias europeas y con Estados Unidos. Son esos tratados los que se invocan en cada juicio que las empresas radican en el Ciadi.
El argumento de los gobiernos para firmar los convenios bilaterales fue que así llegarían inversiones extranjeras más cuantiosas. No obstante, los desembolsos más grandes llegaron a Brasil, el único país de la región que no firmó uno solo de esos tratados y que, por consiguiente, no enfrenta juicio alguno en su contra ante el Ciadi.
La Argentina llegó años atrás a enfrentar reclamos por más de 17 mil millones de dólares. Luego muchos fueron levantados, cuando las empresas renegociaron sus condiciones de negocio en la economía post–convertibilidad.
Además de Brasil, que nunca lo consideró un foro imparcial, quien decidió romper recientemente con el tribunal fue el venezolano Hugo Chávez. Fue a raíz de un fallo que lo obligó a pagarle casi mil millones de dólares a Exxon Mobile por la nacionalización (con pago) de una de sus subsidiarias, que no aceptó una ley que la obligaba a asociarse con el Estado.
Según un informe de 2008 del Centro para la Política Internacional (CPI), una ONG con base en Washington, el Ciadi funcionó desde la crisis como un gendarme de los intereses de las multinacionales y no como un árbitro imparcial para dirimir diferencias sobre inversiones extranjeras. De los 123 juicios que seguía en ese momento, 122 eran de empresas contra Estados y sólo uno de un Estado contra una empresa.
De ese total, 63 demandas se presentaron contra naciones latinoamericanas y 23 contra ex repúblicas soviéticas. Aunque los países de ingresos medios y altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son los principales receptores de inversiones externas, sólo enfrentaban hace tres años 11 demandas.
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