La solidaridad y valentía de un diplomático yanqui
Miradas al Sur. Año 5. Edición número 201. Domingo 25 de marzo de 2012
Llegó a Buenos Aires para monitorear el plan nuclear argentino, pero debió hacerse cargo de un tema que nadie quería tomar: la cuestión de los derechos humanos. Abrió la Embajada, recibió miles de denuncias y, alineado con la gestión de James Carter, se enfrentó con los halcones de Kissinger y los jerarcas de la dictadura militar.
El texano Allen Tex Harris tenía 38 años cuando llegó a la Argentina en junio del ’77, durante el período más sangriento de la represión ilegal inaugurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El primer recuerdo de este gigante de casi dos metros de estatura fue que sobre los techos de la Embajada norteamericana habían instalado un nido de ametralladoras. Sin embargo, de manera fortuita, este abogado, que venía con una misión distinta, fue designado para poner en marcha la nueva política de derechos humanos propiciada por el gobierno de James Carter. A lo largo de esta entrevista, Harris –que hoy tiene 74 años– relata sus esfuerzos para juntar información de los familiares de las víctimas de la represión, y la creación de una base de datos única para la época. En un primer momento, los familiares de los desaparecidos no se atrevían a visitar esa fortaleza armada que era la embajada de EE.UU., por eso, con un puñado de tarjetas en el bolsillo, Harris y su asistente, Blanca Vollenweider , enfilaron hacia la Plaza de Mayo y las repartieron entre los familiares que hacían la ronda. “Con esos datos hacíamos una muestra estadística que resultó finalmente coincidente con la de los organismos de derechos humanos. Teníamos datos del número de desaparecidos semana por semana”, narra Harris. Sin embargo, el embajador Raúl Castro, un mexicano nacionalizado que en 1975 había sido elegido gobernador de Arizona, no estaba muy convencido de que citar a los familiares en la sede diplomática fuera el método más apropiado y puso límites: que los testimonios se recibieran de 12 a 14. Para Harris, eso era suficiente.
Harris encontró que el gobierno argentino había desatado una operación de terrorismo de Estado, que se manifestaba en su más sangrienta expresión mediante operativos que hacían "desaparecer" o que "chupaban" enemigos reales e imaginarios. "La información enviada a Washington –rememora Harris– enseguida causaba disputas entre quienes abogaban por medidas más serias contra el gobierno argentino. Entre ellos estaban funcionarios como Patricia Derian, secretaria de Estado Adjunta para Asuntos de Derechos Humanos durante la administración de Carter, que viajó a la Argentina y se enfrentó a Videla, Massera y Harguindeguy. Había quienes en Washington pretendían subordinar la política de DD.HH. a las relaciones comerciales. Entre estos últimos estaban la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y la Secretaría de la Sección Económica y Comercial de su propia Embajada”.
En el lapso de dos años, la oficina de Harris presentaría un informe sobre la suerte de miles de víctimas, así como de la estructura del aparato represivo, mencionando a los perpetradores con nombres y apellidos: "Los siguientes son algunos de los oficiales del Primer Cuerpo del Ejército ubicado en Palermo con responsabilidades de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo (PEN) y las personas desaparecidas. El teniente coronel Roarte, el teniente coronel Gatica, y el padre Monson, capellán del Primer Cuerpo de Ejército. ¿Alguien sabe o tiene alguna información sobre estas personas?", reza uno de los inusuales informes del temerario diplomático que –en esos años– le podrían haber significado una sentencia de muerte en la Argentina.
Harris encontró que el gobierno argentino había desatado una operación de terrorismo de Estado, que se manifestaba en su más sangrienta expresión mediante operativos que hacían "desaparecer" o que "chupaban" enemigos reales e imaginarios. "La información enviada a Washington –rememora Harris– enseguida causaba disputas entre quienes abogaban por medidas más serias contra el gobierno argentino. Entre ellos estaban funcionarios como Patricia Derian, secretaria de Estado Adjunta para Asuntos de Derechos Humanos durante la administración de Carter, que viajó a la Argentina y se enfrentó a Videla, Massera y Harguindeguy. Había quienes en Washington pretendían subordinar la política de DD.HH. a las relaciones comerciales. Entre estos últimos estaban la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y la Secretaría de la Sección Económica y Comercial de su propia Embajada”.
En el lapso de dos años, la oficina de Harris presentaría un informe sobre la suerte de miles de víctimas, así como de la estructura del aparato represivo, mencionando a los perpetradores con nombres y apellidos: "Los siguientes son algunos de los oficiales del Primer Cuerpo del Ejército ubicado en Palermo con responsabilidades de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo (PEN) y las personas desaparecidas. El teniente coronel Roarte, el teniente coronel Gatica, y el padre Monson, capellán del Primer Cuerpo de Ejército. ¿Alguien sabe o tiene alguna información sobre estas personas?", reza uno de los inusuales informes del temerario diplomático que –en esos años– le podrían haber significado una sentencia de muerte en la Argentina.
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