Enérgico rechazo a la decisión de los EE UU de eliminar un beneficio al país
El gobierno argentino condenó “el lobby ejercido por los fondos buitre para lograr esta decisión”. La Casa Blanca adujo que la tomó porque la Argentina no pagó una deuda con dos empresas en el Ciadi”. La medida casi no tendrá impacto económico.
El gobierno argentino respondió ayer de forma enérgica a la decisión política de los Estados Unidos de suspender un beneficio aduanero al país y responsabilizó por la misma a las fuertes presiones que ejercieron sobre la Casa Blanca los grupos especuladores (conocidos como fondos buitre) que tienen bonos argentinos en default y rechazaron los dos canjes de deuda que propuso la Argentina para salir del default. “El lobby ejercido por los fondos buitre para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente”, señaló la Cancillería.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Héctor Timerman, calificó de “incomprensible y unilateral” la decisión “del gobierno de los Estados Unidos de excluir a la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) que los Estados Unidos le otorga a los países en vías de desarrollo. El presidente de los EE UU, Barack Obama, tomó esta determinación a raíz de un supuesto incumplimiento de la Argentina en un fallo arbitral que beneficio en el CIADI (Banco Mundial) a Azurix Corp y Blue Ridge Investment, dos compañías de capitales estadounidenses. Azurix Corp se dedica al suministro de agua, y Blue Ridge Investment, una subsidiaria del Bank of America, están ejerciendo fuertes presiones para que el Estado argentino les pague una indemnización decidida por el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) que suma unos U$S 300 millones.
“He determinado que es apropiado suspender la designación de la Argentina como país en desarrollo beneficiario del GSP porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de los Estados Unidos”, señala la publicación oficial que emitió Washington a través de la página web. Sin embargo, ayer la Cancillería retrucó los argumentos del gobierno de los Estados Unidos al explicar que las “dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI no aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina”.
En otro de los párrafos, la Cancillería recordó que “tampoco las autoridades comerciales de los Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina.”
El cruce diplomático alcanzó ayer su máximo pico de tensión cuando el representante comercial de los Estados Unidos, Ron Kirk, endureció el tono y tensó aun más la cuerda. “Urgimos al gobierno de la Argentina a pagar las indemnizaciones”, acotó Kirk a modo de advertencia. Sin embargo, la respuesta de la Argentina a este mensaje de Kirk ya estaba incluida de forma tácita en el comunicado oficial que pone en claro el derecho de la Argentina a defender su soberanía frente a los reclamos jurídicos y políticos de terceros países. “La Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos sufridas durante el pasado régimen militar.”
Desde el Ministerio de Industria de Débora Giorgi relativizaron ayer el impacto comercial que tendrá la eliminación del Sistema General de Preferencias (SGP), un beneficio aduanero que sólo reduce en alrededor de U$S 18 millones los ingresos de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los U$S 18 mil millones y que resulta superavitario para los Estados Unidos en U$S 3501 millones.
La suspensión, que empezará a regir en 60 días, afecta las exportaciones de vino, la conserva de carne bovina, las grasas y aceites vegetales, el glicerol, el cloruro, el oro y las manufacturas de aluminio. No obstante, sólo el 54% de estos productos que ingresan en los Estados Unidos lo solicitó el último año debido a los fuertes requisitos burocráticos que impone este país para otorgarlo.
Como contrapartida, la Argentina ha tenido serios problemás para ingresar a Estados Unidos algunos productos tales como el limón, la carne patagónica, el tomate, el pimiento y la frambuesa, como consecuencias de las fuertes trabas paraarancelarias que aplican los Estados Unidos a la Argentina.
El conflicto político-comercial que precipitó Estados Unidos se produce un mes antes de la VI Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia) y a la que están invitados tanto Cristina Fernández como Barack Obama, entre otros mandatarios. Allí se podría solucionar el diferendo y dar marcha atrás con la medida si no se profundizan los chisporroteos de estos días y se produce un acercamiento diplomático entre los dos países.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Héctor Timerman, calificó de “incomprensible y unilateral” la decisión “del gobierno de los Estados Unidos de excluir a la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) que los Estados Unidos le otorga a los países en vías de desarrollo. El presidente de los EE UU, Barack Obama, tomó esta determinación a raíz de un supuesto incumplimiento de la Argentina en un fallo arbitral que beneficio en el CIADI (Banco Mundial) a Azurix Corp y Blue Ridge Investment, dos compañías de capitales estadounidenses. Azurix Corp se dedica al suministro de agua, y Blue Ridge Investment, una subsidiaria del Bank of America, están ejerciendo fuertes presiones para que el Estado argentino les pague una indemnización decidida por el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) que suma unos U$S 300 millones.
“He determinado que es apropiado suspender la designación de la Argentina como país en desarrollo beneficiario del GSP porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de los Estados Unidos”, señala la publicación oficial que emitió Washington a través de la página web. Sin embargo, ayer la Cancillería retrucó los argumentos del gobierno de los Estados Unidos al explicar que las “dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI no aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina”.
En otro de los párrafos, la Cancillería recordó que “tampoco las autoridades comerciales de los Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina.”
El cruce diplomático alcanzó ayer su máximo pico de tensión cuando el representante comercial de los Estados Unidos, Ron Kirk, endureció el tono y tensó aun más la cuerda. “Urgimos al gobierno de la Argentina a pagar las indemnizaciones”, acotó Kirk a modo de advertencia. Sin embargo, la respuesta de la Argentina a este mensaje de Kirk ya estaba incluida de forma tácita en el comunicado oficial que pone en claro el derecho de la Argentina a defender su soberanía frente a los reclamos jurídicos y políticos de terceros países. “La Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos sufridas durante el pasado régimen militar.”
Desde el Ministerio de Industria de Débora Giorgi relativizaron ayer el impacto comercial que tendrá la eliminación del Sistema General de Preferencias (SGP), un beneficio aduanero que sólo reduce en alrededor de U$S 18 millones los ingresos de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los U$S 18 mil millones y que resulta superavitario para los Estados Unidos en U$S 3501 millones.
La suspensión, que empezará a regir en 60 días, afecta las exportaciones de vino, la conserva de carne bovina, las grasas y aceites vegetales, el glicerol, el cloruro, el oro y las manufacturas de aluminio. No obstante, sólo el 54% de estos productos que ingresan en los Estados Unidos lo solicitó el último año debido a los fuertes requisitos burocráticos que impone este país para otorgarlo.
Como contrapartida, la Argentina ha tenido serios problemás para ingresar a Estados Unidos algunos productos tales como el limón, la carne patagónica, el tomate, el pimiento y la frambuesa, como consecuencias de las fuertes trabas paraarancelarias que aplican los Estados Unidos a la Argentina.
El conflicto político-comercial que precipitó Estados Unidos se produce un mes antes de la VI Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia) y a la que están invitados tanto Cristina Fernández como Barack Obama, entre otros mandatarios. Allí se podría solucionar el diferendo y dar marcha atrás con la medida si no se profundizan los chisporroteos de estos días y se produce un acercamiento diplomático entre los dos países.
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