Estados Unidos continúa subvirtiendo la democracia en Haití
Miradas al Sur.
Cuando la “comunidad internacional” culpa a Haití de sus problemas políticos, el concepto subyacente es casi siempre que los haitianos no están listos para la democracia. Pero es Washington el que no está listo para la democracia en Haití.
Los haitianos han estado listos para la democracia desde hace muchas décadas. Estaban listos cuando los masacraron en las mesas electorales al intentar votar en 1987 después de la caída de la asesina dictadura Duvalier. Volvieron a estar listos en 1990, cuando votaron con una mayoría de dos tercios a favor del sacerdote católico izquierdista Jean-Bertrand Aristide, sólo para presenciar su derrocamiento siete meses después por un golpe militar. Posteriormente se comprobó que el golpe fue organizado por personas pagadas por la CIA estadounidense.
Los haitianos volvieron a estar listos en el año 2000, cuando eligieron a Aristide por segunda vez con un 90% de los votos. Pero Washington tampoco aceptó los resultados de esa elección, organizó el corte de la ayuda internacional al gobierno y envió millones de dólares a la oposición.
En 2004, llevaron a Aristide a toda prisa a uno de esos aviones que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado para las “entregas extraordinarias” y le enviaron contra su voluntad a la República Central Centroafricana.
Ocho años después el gobierno de Estados Unidos todavía no está listo para la democracia en Haití. El 3 de marzo el Miami Herald informó de que “el expresidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, vuelve a estar en la mira del gobierno de Estados Unidos, esta vez por haber recibido millones de dólares en sobornos de empresas de Miami…”. Todo huele mal en esas afirmaciones.
Primero la fuente: Patrick Joseph fue jefe de la compañía nacional de telecomunicaciones (Teleco) de Haití, hasta que fue despedido por corrupción por el presidente Aristide en 2003. Nueve años después: el mes pasado Joseph negoció un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de Estados Unidos por haber aceptado 2,3 millones de dólares en sobornos de compañías estadounidenses. Como parte de ese acuerdo de cooperación, acepta testificar y dice que cerca de la mitad de ese dinero era para el presidente Aristide. Qué conveniente. Así debe de haber reducido su condena en algunos años.
Además, existe la oportunidad de las nuevas acusaciones. La primera acusación en este caso, en 2009, no menciona a Aristide o a nadie que pudiera representarlo. Lo mismo vale para la segunda acusación, en julio de 2011, que agregó a Patrick Joseph. Pero la acusación de enero de 2012 menciona a un “Funcionario B” no identificado del gobierno haitiano; y ahora nos dicen que el “Funcionario B”, según uno de los abogados de la defensa del caso, es Aristide. ¿Cómo pudo saberlo? Oficialmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no comenta sobre el asunto, pero parece la fuente probable de los informes que identifican a Aristide.
¿Por qué ahora? Aristide ha estado muy silencioso y se ha mantenido fuera de la política desde su retorno a Haití, hace un año. Se ha concentrado en la Universidad de la Fundación Aristide; clausurada desde el golpe de 2004, la escuela de medicina pudo reabrir en el otoño pasado. Pero todavía cuenta con la mayor base de apoyo de cualquier personalidad política en el país, y sigue siendo el único dirigente realmente popular, democráticamente elegido, que Haití ha tenido.
“La demostración de apoyo popular a Aristide es muy preocupante para Estados Unidos, por lo tanto la acusación contra Titid [Aristide] antes de un posible retorno a la política tiene mucho sentido”, dijo al Miami Herald Robert Fatton, experto en Haití de la Universidad de Virginia.
Tiene aún más sentido si se considera lo que el gobierno de Estados Unidos –en colaboración con funcionarios de la ONU y otros aliados– ha estado haciendo a Aristide desde que organizaron el golpe contra él en 2004. Un documento estadounidense clasificado, filtrado por WikiLeaks, informa de una reunión entre el máximo funcionario del Departamento de Estado para el hemisferio de entonces (Thomas Shannon) y el jefe de la misión militar de la ONU en Haití (Edmund Mulet), en 2006. Describe sus esfuerzos para mantener a Aristide en el exilio en Sudáfrica. Mulet también “instó a una acción legal de Estados Unidos contra Aristide para prevenir que el ex presidente obtuviera más apoyo entre la población haitiana y retornara a Haití”.
Este último episodio forma parte de la “acción legal” a la que se refiere el documento.
Porque los haitianos son pobres y negros, Washington cree que se puede salir con la suya al pisotear sus derechos democráticos. Pero demasiados haitianos han luchado y muerto por esos derechos; no renunciarán a ellos fácilmente.
Los haitianos han estado listos para la democracia desde hace muchas décadas. Estaban listos cuando los masacraron en las mesas electorales al intentar votar en 1987 después de la caída de la asesina dictadura Duvalier. Volvieron a estar listos en 1990, cuando votaron con una mayoría de dos tercios a favor del sacerdote católico izquierdista Jean-Bertrand Aristide, sólo para presenciar su derrocamiento siete meses después por un golpe militar. Posteriormente se comprobó que el golpe fue organizado por personas pagadas por la CIA estadounidense.
Los haitianos volvieron a estar listos en el año 2000, cuando eligieron a Aristide por segunda vez con un 90% de los votos. Pero Washington tampoco aceptó los resultados de esa elección, organizó el corte de la ayuda internacional al gobierno y envió millones de dólares a la oposición.
En 2004, llevaron a Aristide a toda prisa a uno de esos aviones que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado para las “entregas extraordinarias” y le enviaron contra su voluntad a la República Central Centroafricana.
Ocho años después el gobierno de Estados Unidos todavía no está listo para la democracia en Haití. El 3 de marzo el Miami Herald informó de que “el expresidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, vuelve a estar en la mira del gobierno de Estados Unidos, esta vez por haber recibido millones de dólares en sobornos de empresas de Miami…”. Todo huele mal en esas afirmaciones.
Primero la fuente: Patrick Joseph fue jefe de la compañía nacional de telecomunicaciones (Teleco) de Haití, hasta que fue despedido por corrupción por el presidente Aristide en 2003. Nueve años después: el mes pasado Joseph negoció un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de Estados Unidos por haber aceptado 2,3 millones de dólares en sobornos de compañías estadounidenses. Como parte de ese acuerdo de cooperación, acepta testificar y dice que cerca de la mitad de ese dinero era para el presidente Aristide. Qué conveniente. Así debe de haber reducido su condena en algunos años.
Además, existe la oportunidad de las nuevas acusaciones. La primera acusación en este caso, en 2009, no menciona a Aristide o a nadie que pudiera representarlo. Lo mismo vale para la segunda acusación, en julio de 2011, que agregó a Patrick Joseph. Pero la acusación de enero de 2012 menciona a un “Funcionario B” no identificado del gobierno haitiano; y ahora nos dicen que el “Funcionario B”, según uno de los abogados de la defensa del caso, es Aristide. ¿Cómo pudo saberlo? Oficialmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no comenta sobre el asunto, pero parece la fuente probable de los informes que identifican a Aristide.
¿Por qué ahora? Aristide ha estado muy silencioso y se ha mantenido fuera de la política desde su retorno a Haití, hace un año. Se ha concentrado en la Universidad de la Fundación Aristide; clausurada desde el golpe de 2004, la escuela de medicina pudo reabrir en el otoño pasado. Pero todavía cuenta con la mayor base de apoyo de cualquier personalidad política en el país, y sigue siendo el único dirigente realmente popular, democráticamente elegido, que Haití ha tenido.
“La demostración de apoyo popular a Aristide es muy preocupante para Estados Unidos, por lo tanto la acusación contra Titid [Aristide] antes de un posible retorno a la política tiene mucho sentido”, dijo al Miami Herald Robert Fatton, experto en Haití de la Universidad de Virginia.
Tiene aún más sentido si se considera lo que el gobierno de Estados Unidos –en colaboración con funcionarios de la ONU y otros aliados– ha estado haciendo a Aristide desde que organizaron el golpe contra él en 2004. Un documento estadounidense clasificado, filtrado por WikiLeaks, informa de una reunión entre el máximo funcionario del Departamento de Estado para el hemisferio de entonces (Thomas Shannon) y el jefe de la misión militar de la ONU en Haití (Edmund Mulet), en 2006. Describe sus esfuerzos para mantener a Aristide en el exilio en Sudáfrica. Mulet también “instó a una acción legal de Estados Unidos contra Aristide para prevenir que el ex presidente obtuviera más apoyo entre la población haitiana y retornara a Haití”.
Este último episodio forma parte de la “acción legal” a la que se refiere el documento.
Porque los haitianos son pobres y negros, Washington cree que se puede salir con la suya al pisotear sus derechos democráticos. Pero demasiados haitianos han luchado y muerto por esos derechos; no renunciarán a ellos fácilmente.
*Director del Center for Economic and Policy Research (Cepr) en Washington
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