Argentina y el CIADI

 
Artículo publicado por la Embajada Argentina en Estados Unidos:

Argentina y el CIADI

¿De que hablamos cuando hablamos de los fallos del CIADI?

Una serie de perturbaciones exógenas incidieron sobre la economía argentina a lo largo de la década de los noventa. La primera fue la crisis asiática de 1997, seguida de inmediato por la crisis rusa. En 1999 la devaluación en Brasil resultó especialmente perjudicial para la República Argentina debido a los estrechos lazos comerciales entre ambos países. Las políticas monetarias restrictivas en EE.UU y la solidez del dólar también contribuyeron al deterioro de la competitividad argentina, ya que la paridad del peso estaba vinculada a la moneda estadounidense. A medida que seguían cayendo las reservas internacionales y aumentaba la deuda y el costo de los préstamos, se creó un ciclo vicioso y se desestabilizó seriamente la economía.
En esta coyuntura, las autoridades argentinas en el poder en ese momento decidieron, con la bendición del FMI,  mantener la paridad con el dólar y trataron de superar las dificultades aplicando medidas de austeridad tradicionales. Recortaron el gasto del gobierno federal y de las provincias, aprobaron una ley de déficit cero, reformaron el sistema de gestión tributaria y redujeron los impuestos a los exportadores. Sin embargo, estas medidas no lograron evitar consecuencias peores. Para fines de 2001 y comienzos de 2002, después de una fuga de capitales masiva y del retiro del respaldo del FMI, el fin de la “ley de convertibilidad” fue inexorable, dando lugar a una crisis económica, financiera y política devastadora, resultado de la cual la mitad de la población argentina quedó por debajo de la línea de pobreza.

¿Cuál es el origen de los numerosos casos contra la Argentina ante el CIADI?
En medio de este panorama precario, en enero de 2002 el Congreso argentino aprobó la Ley 25561 (de Emergencia Pública), y dispuso el fin de la caja de conversión.[1] La Ley de Emergencia también pesificó todas las obligaciones internas en Argentina (aquellas denominadas en moneda extranjera durante el régimen de la caja de convertibilidad), con lo cual se exigió a los particulares llegar a acuerdos equitativos y obligó al gobierno a renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos, sobre todo respecto a aquellos contratos cuyas tarifas se encontraban expresadas en dólares.

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