Bajo la actual administración republicana, Washington intenta tomar
medidas que le permitan recuperar su hegemonía global. Sin embargo,
estas iniciativas parecen acelerar un proceso que marcha en el sentido
inverso.
Por Leandro Morgenfeld – UBA-CONICET
Revista De frente al futuro, diciembre 2025
En este segundo mandato iniciado en enero pasado, Donald Trump tiene
más poder político que en el primero porque ganó con el voto popular
–que había perdido en 2016–; doblegó al Partido Republicano depurando a
la mayoría de quienes lo resistían; controla ambas cámaras del Congreso y
dispone de una Corte Suprema ultraconservadora, gracias a los tres
magistrados que nominó en su presidencia anterior.
Sin embargo, en la actualidad, Trump gobierna un Estados Unidos más
débil, que va siendo relegado, sobre todo desde el punto de vista
económico, pero también tecnológico, político y monetario, por China,
Rusia y otros miembros del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica, ahora ampliado a BRICS+, con la incorporación de cinco nuevos
países) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), fundada en
2001. Analizamos en este artículo si la ofensiva unilateral de Trump
está logrando ralentizar, frenar o revertir la transición geopolítica
mundial o bien, por el contrario, la acelera aún más.
Estados Unidos, hasta ahora la principal potencia económica y
militar, aunque en un proceso de acelerado declive geopolítico, enfrenta
en los últimos años una serie de crisis interconectadas que fueron
debilitando su estructura económica y social. Desde el aumento de la
pobreza y la indigencia hasta la epidemia de opioides, pasando por el
colapso del sistema de salud pública y el masivo endeudamiento
estudiantil, el país vive una etapa de creciente desigualdad y
descontento social, el sustrato que explica la polarización política e
ideológico-cultural. Trump es un emergente de esa frustración y
descontento y, paradójicamente, puede acentuar todos los problemas que
atraviesa el tejido social estadounidense, que muestra indicadores más
propios de un país en desarrollo que de una potencia. El aumento de la
violencia política hace que cada vez más analistas caractericen la
situación como una pre-guerra civil.
El anuncio de una nueva escalada en la guerra comercial por parte de
la administración Trump, a principios de abril, que provocó una
conmoción en los mercados globales, no debe entenderse como un hecho
aislado, sino como un episodio más dentro de un proceso de larga data:
la aceleración de la transición hegemónica global, de un mundo unipolar
hacia otro cada vez más multipolar. Este fenómeno, que analizamos a
fondo junto a Gabriel Merino en nuestro libro Nuestra América, Estados Unidos y China, se ha intensificado a lo largo de las últimas dos décadas y ha devenido en lo que podríamos caracterizar como una Guerra Mundial Híbrida y Fragmentada.
Ante la evidente crisis del orden internacional surgido en la
posguerra fría, y frente a un presente marcado por un caos sistémico que
recuerda, en algunos aspectos, al período 1914-1945, es necesario
repensar los desafíos de Nuestra América no como si la región fuera un
mero objeto de disputa entre grandes potencias, sino como un actor con
capacidad propia de decisión. Lejos de adoptar los marcos analíticos del
Norte Global, desde nuestra perspectiva, urge considerarla como un
actor con agencia, que debe forjar su propia perspectiva estratégica en
este escenario convulso.
Nuestro propósito es contribuir al desarrollo de un pensamiento
geopolítico y estratégico autónomo desde el Sur Global, crítico con las
narrativas hegemónicas —como la antinomia “democracias vs. autocracies”
promovida por el Occidente geopolítico— que suelen reproducir
dependencias intelectuales incluso desde sectores progresistas. Desde
nuestra mirada, esta transición puede interpretarse, en cambio, como un
proceso contestatario de democratización real del sistema mundial, una
puja por redistribuir el poder y la riqueza concentrados durante siglos
en una minoría. Para el Sur Global y para Nuestra América en particular,
este escenario presenta riesgos enormes, pero también constituye una
oportunidad histórica sin precedentes para redefinir su lugar en el
mundo.
Trump 2 y sus iniciativas para frenar el declive
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Donald
Trump buscó relanzar la promesa de “hacer grande otra vez a Estados
Unidos” con una agenda de políticas internas y externas que, en su
lógica, permitirían revertir la pérdida de influencia global de
Washington. Sin embargo, esa agenda, que combina nacionalismo económico,
proteccionismo, desdén por el multilateralismo y presión directa sobre
aliados y competidores, lejos de consolidar la posición estadounidense
en el sistema internacional, está contribuyendo a acelerar su declive
relativo.
En el terreno multilateral, uno de los primeros gestos del gobierno
de Trump fue anunciar la revisión de todos los compromisos
internacionales de Estados Unidos. Se suspendieron aportes a diversos
organismos, incluidos los de Naciones Unidas, con el argumento de que el
país no debía seguir financiando estructuras burocráticas que limitaban
su autonomía. En el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el retiro de fondos se produjo en las primeras semanas de gobierno,
retomando una iniciativa ya ensayada en el primer mandato.
Trump sostuvo que el sistema multilateral estaba “capturado” por
intereses contrarios a los estadounidenses, lo cual justificaba un
repliegue hacia fórmulas bilaterales, más manejables desde la óptica de
la Casa Blanca. Este desdén por el multilateralismo impactó también en
la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que la administración
dejó prácticamente paralizada, bloqueando la designación de jueces en su
órgano de apelaciones e imponiendo condiciones unilaterales a sus
socios comerciales.
El frente económico-comercial fue quizás el más emblemático del nuevo
giro. Trump desplegó un programa de incremento de aranceles a productos
industriales y agrícolas, bajo la consigna de defender a los
trabajadores estadounidenses. La eliminación de la exención aduanera
para envíos de bajo valor afectó directamente al comercio electrónico
internacional, encareciendo miles de productos de consumo masivo. Al
mismo tiempo, la Casa Blanca impulsó una política activa de subsidios a
sectores considerados estratégicos, como la industria del acero, la
automotriz y la producción de energía fósil. Se retomaron además viejos
reclamos contra países considerados “injustos” en materia de comercio,
entre ellos Alemania, Japón, México y, de manera más evidente, China.
La confrontación con Beijing adquirió un carácter central. El
gobierno prohibió la exportación de semiconductores avanzados, impuso
restricciones a la venta de equipos de telecomunicaciones y limitó el
acceso de empresas chinas a insumos y tecnologías críticas. Se amplió la
lista de compañías bloqueadas, lo que afectó no solo a gigantes
tecnológicos, sino también a firmas del sector energético y financiero.
Washington presentó estas medidas como un modo de evitar que China
acceda a tecnologías que podrían tener un uso militar, pero en realidad
constituyen parte de una guerra comercial y tecnológica más amplia.
Beijing respondió con represalias arancelarias sobre productos
agroindustriales y con políticas de sustitución tecnológica, acelerando
el proceso de desvinculación de las cadenas de suministro globales.
En paralelo, Trump intensificó la presión sobre sus aliados. A los
países europeos de la OTAN les exigió incrementos inmediatos en sus
presupuestos de defensa (del 2 al 5%), bajo la amenaza explícita de
reducir el compromiso militar estadounidense en el continente. En Japón y
Corea del Sur planteó demandas similares, condicionando la continuidad
de bases militares y la venta de equipamiento avanzado a concesiones
económicas. Esta estrategia, que pretendía fortalecer el poder de
negociación de Estados Unidos, generó tensiones diplomáticas crecientes y
alimentó, especialmente en Europa, la búsqueda de mayor autonomía
frente a un socio que se muestra cada vez menos confiable.
En el plano energético, la administración promovió una expansión de
la producción doméstica de petróleo y gas, flexibilizando regulaciones
ambientales y autorizando perforaciones en áreas antes restringidas.
Estas medidas fueron acompañadas por presiones hacia socios comerciales
para que importaran energía estadounidense, en detrimento de otros
proveedores. Al mismo tiempo, se cuestionaron acuerdos internacionales
de lucha contra el cambio climático, reforzando la imagen de un Estados
Unidos replegado sobre sus propios intereses, incluso a costa de socavar
compromisos globales.
En materia migratoria, se reactivaron políticas de control fronterizo
severo. Se ampliaron las deportaciones, se endurecieron las condiciones
para otorgar visados y se implementaron medidas restrictivas contra
estudiantes y trabajadores extranjeros, bajo la consigna de “proteger
los empleos estadounidenses”. Estas decisiones deterioraron aún más la
relación con México y con diversos países latinoamericanos, al tiempo
que generaron resistencias internas por su impacto en sectores que
dependen de mano de obra migrante. También generaron críticas de
organismos de derechos humanos por el aumento del control social y la
persecución contra activistas demócratas y de izquierda.
La administración republicana también avanzó en el uso expansivo de
la legislación vinculada a la seguridad nacional para intervenir en la
economía. Bajo este paraguas, se bloquearon inversiones extranjeras en
áreas consideradas estratégicas, se sancionó a empresas por sus vínculos
con países “adversarios” y se justificaron medidas de emergencia que
tuvieron efectos comerciales de gran alcance. Esta fusión entre
seguridad y economía reflejó una visión del mundo en la que todo desafío
económico es leído como amenaza existencial.
Las consecuencias de estas políticas no tardaron en manifestarse.
Varios socios tradicionales respondieron con medidas de represalia:
aranceles dirigidos contra sectores agrícolas estadounidenses,
investigaciones anti-dumping sobre manufacturas y restricciones a la
inversión de compañías norteamericanas en el extranjero. La Unión
Europea, además, comenzó a discutir con mayor fuerza la necesidad de
reducir su dependencia de Estados Unidos tanto en materia de defensa
como en tecnología, aunque por ahora persiste su subordinación a
Washington. En América Latina, la combinación de presiones comerciales y
migratorias alimentó un clima de desconfianza hacia Washington,
mientras potencias como China y Rusia aprovecharon para afianzar sus
vínculos en la región.
En el plano interno, las empresas estadounidenses también acusaron el
golpe. Numerosas multinacionales congelaron inversiones debido a la
incertidumbre generada por la política arancelaria y la volatilidad
regulatoria. Sectores como el tecnológico y el automotriz sufrieron
aumentos de costos por la ruptura de cadenas de suministro, lo que
derivó en despidos y en una pérdida de competitividad frente a
competidores extranjeros. Aunque el gobierno exhibió algunos indicadores
de repunte en sectores puntuales —sobre todo en industrias altamente
subsidiadas—, el saldo general fue un aumento de la inestabilidad
económica y de la percepción de que Estados Unidos se estaba aislando
del resto del mundo.
La paradoja es clara: el conjunto de políticas que buscaban
reposicionar a Estados Unidos como potencia indiscutida en el escenario
internacional están, en los hechos, acelerando la pérdida de hegemonía.
La paradoja es clara: el conjunto de políticas que buscaban
reposicionar a Estados Unidos como potencia indiscutida en el escenario
internacional están, en los hechos, acelerando la pérdida de hegemonía.
El unilateralismo, el proteccionismo extremo y la instrumentalización
de la seguridad como justificación para sanciones y represalias han
dañado los vínculos con socios históricos, incentivado la consolidación
de alianzas alternativas y debilitado los marcos multilaterales que
sostenían el liderazgo estadounidense desde mediados del siglo XX. En
lugar de frenar el declive relativo, el segundo mandato de Trump lo está
precipitando, generando un escenario global más fragmentado e incierto,
en el que la capacidad de Washington para imponer reglas y coordinar
consensos se ve cada vez más erosionada. Puede obtener algunas victorias
en el corto plazo (concesiones en materia comercial, compra de
hidrocarburos y armamento, compromiso de inversiones en suelo
estadounidense), con su estrategia extorsiva y transaccional, pero son
pírricas, en tanto horadan el liderazgo que supo ostentar Estados Unidos
en los primeros años de la posguerra fría.
Trump y Nuestra América
La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el
Caribe atraviesa una transformación al inicio de la segunda presidencia
de Trump. El declive relativo de la potencia norteamericana, visible en
su pérdida de capacidad de liderazgo mundial, su crisis interna
multidimensional y el ascenso de nuevos polos de poder, ha modificado
profundamente las dinámicas geopolíticas hemisféricas. América Latina,
históricamente tratada como zona de influencia exclusiva de Estados
Unidos -su patio trasero-, se ha convertido en un espacio donde
se expresa con claridad la transición de un orden global que va dejando
atrás la hegemonía estadounidense de la posguerra fría y avanza hacia
una configuración multipolar.
En este contexto, la agresividad del trumpismo emerge como una
reacción defensiva frente a la erosión del dominio estadounidense. El
retorno de Donald Trump al centro de la escena política (Make America Great Again)
representa la voluntad de recuperar una supremacía que ya no puede
sostenerse sin el uso creciente de la presión, la amenaza o la
injerencia directa.
La agresividad del trumpismo emerge como una reacción defensiva frente a la erosión del dominio estadounidense.
El declive relativo de Estados Unidos no implica su desaparición como
potencia, pero sí evidencia que ya no ocupa el lugar incuestionado que
ostentó durante la segunda mitad del siglo XX. Su poder económico sigue
siendo determinante, pero enfrenta una pérdida sostenida de
competitividad frente a China, que se ha convertido en el principal
socio comercial de la mayoría de los países del mundo y de Nuestra
América. Al mismo tiempo, la fragmentación interna, la polarización
política, la crisis del modelo económico neoliberal y el desgaste de sus
instituciones reducen su capacidad para proyectar estabilidad y
consenso a escala internacional (la crisis del globalismo y de los
supuestos valores que promovía, como la defensa de la democracia y los
derechos humanos y las instituciones del multilateralismo dominando por
el Occidente Geopolítica). Esta combinación de crisis externa e interna
explica que, en lugar de adaptarse a un mundo cambiante, sectores
importantes de la clase estadounidense respondan con nostalgia imperial y
políticas agresivas, buscando imponer por la fuerza lo que ya no pueden
asegurar solo con influencia. Trump plantea sus pretensiones imperiales
casi sin eufemismos.
El jefe de la Casa Blanca encarna esta nueva fase. Su discurso
presenta a Estados Unidos como una nación que debe defenderse de
enemigos externos y de potencias emergentes que, según su narrativa, se
aprovechan de la debilidad heredada de gobiernos anteriores. En esa
construcción, América Latina y el Caribe ocupa un lugar estratégico: es
presentada como un territorio en disputa donde Washington debe reafirmar
su autoridad. Esto se traduce en una política exterior que mezcla
sanciones, amenazas militares, operaciones diplomáticas encubiertas,
condicionamientos económicos y una retórica basada en la deslegitimación
de gobiernos que buscan diversificar alianzas o ejercer políticas
soberanas que no se ajustan a los intereses de Estados Unidos. Es lo que
algunos llaman la Doctrina Donroe, y yo prefiero destacar como el
Corolario Trump a la Doctrina Monroe, en la que se destaca el Secretario
de Estado Marco Rubio.
La disputa geopolítica con China es un factor central para entender
la política exterior trumpista y su creciente injerencismo en Nuestra
América. Washington percibe que la expansión económica del gigante
asiático en la región no solo erosiona su influencia, sino que amenaza
la arquitectura del poder mundial que Estados Unidos edificó durante
décadas. China no ofrece la clásica intervención política ni exige
alineamiento ideológico; propone inversiones, créditos, transferencia
tecnológica y cooperación económica. Para países latinoamericanos
sometidos históricamente a la lógica de la dependencia -y a los golpes
de estados, intervenciones militares y políticas de cambio de régimen-,
esta alternativa resulta atractiva. Ante esta situación, la
administración Trump intensificó la presión sobre gobiernos aliados para
que limitaran sus vínculos con Beijing, especialmente en áreas como
infraestructura estratégica, telecomunicaciones y energía. La
advertencia era clara: quien fortaleciera su asociación con China corría
el riesgo de enfrentar represalias económicas o políticas. La Argentina
gobernada por Javier Milei es un claro ejemplo de esto.
Sin embargo, esta estrategia choca con una realidad: el peso
económico chino es hoy estructural en la región. Muchos gobiernos
latinoamericanos, incluso conservadores, han comprendido que su
crecimiento y desarrollo dependen en gran medida de la relación con
Beijing. Le pasó a Bolsonaro en Brasil, durante la primera presidencia
del líder republicano. Las amenazas de Trump y su equipo no alcanzan
para revertir un proceso que expresa una transformación global más
profunda. Estados Unidos solo puede intentar frenar este avance mediante
acciones de bloqueo, desestabilización o guerra comercial abierta, pero
ya no tiene capacidad para imponer obediencia automática. Con Trump y
Marco Rubio hay más garrotes que zanahorias.
El trumpismo tampoco concibe la relación con América Latina desde una
perspectiva de cooperación igualitaria. Su visión recupera el enfoque
de la Guerra Fría, donde la región es pensada como una
plataforma de seguridad, extracción de recursos y control político. En
esa lógica, cualquier intento de mayor soberanía económica o integración
autónoma se interpreta como una amenaza. Por eso, gobiernos
progresistas o incluso administraciones moderadas que buscan ampliar su
margen de acción han sido objeto de campañas de presión, asfixia
económica o intentos de aislamiento internacional. La política
estadounidense, en lugar de adaptarse al nuevo contexto, intenta
restaurar el viejo orden hemisférico apelando a mecanismos cada vez más
agresivos.
La política regional de Trump tuvo además una dimensión
comunicacional orientada a la sociedad estadounidense. América Latina
fue utilizada como ejemplo para alimentar el discurso nacionalista y
antiinmigrante. Los fenómenos sociales que impactan en la región –como
los flujos migratorios o las crisis políticas– fueron presentados como
amenazas para la seguridad nacional. Este enfoque refuerza la narrativa
de que cualquier transformación política en Sudamérica debe ser
controlada o desactivada para evitar el efecto contagio. El mensaje
implícito es que la estabilidad regional solo es posible bajo la tutela
de Washington. La excusa del combate al narcotráfico y el terrorismo,
una vez más, es usada como excusa para intentar legitimar la vuelta a
las agresiones militares del siglo XX. Nicolás Maduro, en Venezuela, y
Gustavo Petro, en Colombia, son hoy el principal blanco de esta
ofensiva.
Sin embargo, aunque parezca contraintuitivo, la agresividad del
trumpismo es también expresión de debilidad. Estados Unidos ya no puede
sostener un liderazgo internacional sobre la base del consenso. Su
credibilidad global está deteriorada, su política exterior ha perdido
continuidad y su autoridad moral se ha erosionado frente a la opinión
pública mundial. Trump dinamita todas las instituciones del orden
multilateral que Estados Unidos viene construyendo hace décadas.
Estados Unidos ya no puede sostener un liderazgo internacional
sobre la base del consenso. Su credibilidad global está deteriorada, su
política exterior ha perdido continuidad y su autoridad moral se ha
erosionado frente a la opinión pública mundial.
En América Latina, esta pérdida de legitimidad se traduce en
gobiernos y movimientos sociales que cuestionan abiertamente el rol
histórico de Estados Unidos en la región y plantean la necesidad de
construir modelos alternativos de inserción internacional.
La región enfrenta, sin embargo, desafíos complejos. El fin del ciclo
de hegemonía estadounidense no garantiza automáticamente un proyecto de
integración soberana o desarrollo autónomo. Existen tensiones internas,
diferencias políticas, inestabilidades económicas y disputa entre
modelos de país. Washington intenta aprovechar esas fracturas para
reinsertarse mediante acuerdos bilaterales, políticas de seguridad y
alianzas con elites locales que comparten la visión de subordinación
histórica. Al mismo tiempo, China y otros actores no están exentos de
intereses propios y sus proyectos también pueden profundizar la
dependencia si no se los integra dentro de una estrategia
latinoamericana de largo plazo.
Por eso, el desafío de Nuestra América consiste en construir un
camino propio. Una estrategia latinoamericana. Ello implica fortalecer
espacios de integración regional, recuperar la planificación del
desarrollo, diversificar alianzas sin subordinación y apostar por una
economía más industrial, inclusiva y tecnológicamente avanzada. La
transición geopolítica en curso abre oportunidades inéditas, pero
también exige claridad estratégica. Sin una intervención activa y
consciente de las sociedades y gobiernos latinoamericanos, la región
corre el riesgo de quedar atrapada entre la confrontación de potencias
sin capacidad de orientar su propio destino. Hace 20 años, en la Cuarta
Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, le dijimos NO al
ALCA, el proyecto neoimperial que pretendía imponer Bush de Alaska a
Tierra del Fuego. Ese rechazo permitió avanzar con una inédita
coordinación y cooperación políticas e integración regional. Se crearon
al ALBA-TCP, la Comunidad Sudamericana de Nacional, la UNASUR y la
CELAC. Hoy en día hay mejores condiciones estructurales que hace dos
décadas para retomar ese camino en post de la siempre postergada
construcción de la Patria Grande. Pero hay que recrear las condiciones
políticas.
El regreso de Trump al escenario político evidencia que Estados
Unidos continuará oscilando entre proyectos enfrentados porque la clase
dominante estadounidense sigue fragmentada entre globalistas y
americanistas-nacionalistas. Unos apuestan por sostener el liderazgo
mundial mediante alianzas, cooperación limitada y diplomacia. Otros
proponen recuperar el dominio perdido mediante coerción y supremacismo.
La incertidumbre estadounidense se proyecta hacia la región, que debe
prepararse para convivir con una potencia que ya no actúa desde la
seguridad de la victoria, sino desde el temor al declive, con una
agresividad e injerencismo desembozados que parecían cosas del pasado.
En síntesis, la agresividad de Trump en América Latina es el síntoma
visible de una transición histórica. Estados Unidos sigue siendo una
potencia militar, tecnológica y financiera de enorme peso, pero enfrenta
límites crecientes que ya no puede ignorar. América Latina, por su
parte, atraviesa el desafío de transformar el fin de una hegemonía en
oportunidad para una inserción soberana en el mundo. El futuro no está
escrito: dependerá de la disputa política, la capacidad de articulación
regional y la determinación de los pueblos latinoamericanos para
construir un proyecto propio y acorde con los desafíos del siglo XXI.
