CRECE EL USO MILITAR EN SEGURIDAD QUE AUSPICIA EL COMANDO SUR
Horacio Verbitsky (Página/12)
La confusión entre tareas policiales y militares
comenzó en Colombia, siguió en México y en Centroamérica. La fomenta
Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a
través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción mientras
mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia para
controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal
resultado electoral previo en México o una elección próxima en El
Salvador, como motivación política.
El
presidente salvadoreño Mauricio Funes extendió por otro año el
despliegue de tropas del Ejército para apoyar a la policía en tareas de
seguridad contra el delito y lo amplió de 19 a 29 zonas del país,
citando las encuestas que reflejan “el impacto positivo de la presencia
militar en las calles”. En junio de 2014 habrá elecciones presidenciales
allí.
El periodista Funes, quien llegó al gobierno en 2009 postulado por
el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, explicó
que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un año el
entonces jefe del Pentágono, Leon Panetta, durante la Décima Conferencia
de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Punta del Este,
donde expuso la nueva “Política de Defensa para el Hemisferio
Occidental”. Panetta dijo que algunos países que se sienten desbordados
por “la difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos ilícitos,
pandillas y terrorismo” recurren a las Fuerzas Armadas para realizar
tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque ésta “no
puede ser una solución a largo plazo”, por el momento el Pentágono está
dispuesto a cooperar para fortalecer “la capacidad de las autoridades
civiles y las fuerzas del orden de los países amigos”. Panetta no fijó
plazos para la vigencia de esta excepción.
Haz lo que yo digo
En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos
con la policía y ocupan posiciones en 62 “puntos ciegos” de la frontera,
por los que “se filtra todo tipo de mercancía ilegal, contrabando,
drogas, tráfico de personas e infinidad de negocios ilegales”, según
explicó Funes. Además, decidió estacionar soldados en las instituciones
penales más peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de
dos reclusos y heridas a otros 25. También en Venezuela, 3.000 soldados
participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que
tienen tasas más elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en
la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro dijo
que la inseguridad era el mayor problema del país. El patrullaje militar
de las calles se extenderá luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual
de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, según datos
oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000.
Una de esas organizaciones, PROVEA, alegó que las Fuerzas Armadas no
están preparadas para la aplicación de la ley en la lucha contra el
delito. Ya en 2007, un funcionario que visitó Colombia junto con el
entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que
si bien en las últimas décadas se pensó que las Fuerzas Armadas
deberían alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en
Estados Unidos, algunos países latinoamericanos carecen de fuerzas
policiales aptas, y llevaría años mejorarlas y convencer a la población
de que hacen falta fuerzas policiales más poderosas.
Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878 el empleo de
tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos,
ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya
exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono
y su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre
policías y militares latinoamericanos. En su trabajo “La transformación
del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito”,
los académicos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la
globalización esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de
seguridad del Estado se definen ahora más en términos “de disuadir
evasiones de la ley que invasiones militares”. Esto va más allá de la
teoría. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación
Martillo, que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera, y las
policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con
barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países
participantes. La intervención estadounidense es coordinada por la
Fuerza de tarea conjunta interinstitucional - Sur, con sede en Key West,
Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y
organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la
DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se agregan organismos
militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el Caribe y Europa.
En 2010 la revista Diálogo, que edita el Comando Sur, sostuvo que “los
oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos,
Perú, España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un
complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo,
intercepción y detención” (http://www.dialogo-americas.com
/es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto
fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó
ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos
de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y
estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística
USS Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera,
confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que
era transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde
la 4ª Flota realizaba “Operaciones contra el Crimen Transnacional
Organizado”.
Militares para compensar
Además de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno
estadounidense sostiene cuatro programas regionales en América Latina:
la Iniciativa Mérida, en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en
Centroamérica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la
Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estratégico. El
programa centroamericano contiene metas que no guardan relación con las
misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las
calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una
efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la
coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad.
México es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el
enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisión fue adoptada
en el primer año de su gobierno por el ex presidente Felipe Calderón,
quien buscó compensar así la débil legitimidad política provocada por su
estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la
oposición. El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa
equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los 44.000
que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio
presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la
cantidad de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados
Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en
el informe publicado por Human Rights Watch, “Ni seguridad, ni derechos:
ejecuciones, desapariciones y tortura”, según el cual miembros de las
fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura,
39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no
hubo un solo condenado. Los propios militares dicen en su descargo que
no están preparados para ese tipo de lucha y además se quejan por la
ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad de sus actos y
los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán sobre
ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el
record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico:
la justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios
judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos,
incluyendo jueces que dan por válidas confesiones obtenidas bajo tortura
en bases militares y peritos médicos que omiten o minimizan las
lesiones de los detenidos. La corrupción carcomió a las Fuerzas Armadas.
Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el
narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre distintos bandos
militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los carteles. A
modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe
publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard
Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las
operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y más
muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique
Peña Nieto, prometió revisar la estrategia y crear una Gendarmería de
40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas
Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensión de esa nueva
fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido regreso de los
militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las muertes
violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta
de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún
cómputo.
Tropas de elite
En la Operación Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan
junto con los siete países centroamericanos, más Canadá, Colombia,
Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su informe anual al
Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de Marina John
Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su efectividad.
Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline
por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el
Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero
luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas
estadounidenses y fuerzas especiales hondureñas realizaron cinco
acciones conjuntas de interdicción. En tres de ellas se produjeron
tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían actividad
alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y
dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi
cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un
avión derribado cuando hizo “un gesto amenazante”. En un tercer caso, la
Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones que según los
norteamericanos eran sospechosos de tráfico de drogas, y todos sus
ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171 marines
estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de “detección y
monitoreo”, según la propia información de la Marina. Como los militares
de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados,
identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los
ríos de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones
y arrestos. En octubre del año pasado, mientras la delegación de
Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoyó el empleo militar en
cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué
ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las
tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que
protestaban contra las altas tarifas de luz.
Falsos positivos
Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la
denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta
tendencia declinante alcanzó también a Colombia, ese país aún es el
principal receptor regional en 2013, con 279 millones de dólares,
seguido por México, con 154. Esto no reduce el involucramiento
estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en América Latina,
aunque cambia su naturaleza. Las organizaciones estadounidenses
especializadas en el monitoreo (ver “Una política fallida”) advierten
que se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente,
con acento en aviones no tripulados, por ahora sólo para vigilancia,
pero con la promesa de asesinatos selectivos en una próxima etapa;
ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas
especiales que se están retirando de Irak y Afganistán podrán volcarse a
tareas de entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles y
recopilación de datos e información confidencial en América Latina.
Esas misiones permiten que “se familiaricen con el terreno, la cultura y
los oficiales clave en países donde algún día podrían operar. Y que el
personal de los Estados Unidos reúna información confidencial sobre sus
países anfitriones”, sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones
que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA,
Oficina de Washington para Latinoamérica; Latin America Working Group y
el Center for International Policy). Ese documento, titulado “Hora de
Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia
América Latina y el Caribe”, cita un informe reciente del diario
Washington Post según el cual la Agencia de Inteligencia para la
Defensa, DIA, espera duplicar el número de efectivos clandestinos que
envía por todo el mundo. También se incrementará el uso de aviones no
tripulados y la robótica. Colombia, presentada por el general Kelly como
el modelo exitoso de intervención militar en asuntos de seguridad, se
ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitación de
militares y policías de los demás países de la región. Desde 2005 ha
entrenado a más de 13.000 personas provenientes de 40 países. La
aceleración de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido
el entrenamiento entre 2010 y 2012, según información oficial del
ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los
países que enviaron a sus oficiales militares y policiales a
capacitarse: México encabeza la lista de América del Norte, con 2543
hombres; Panamá (2491) y Honduras (1008) la de Centroamérica; Ecuador
(974), Perú (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudamérica.
Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de
entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers
estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran
argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen
organizado, interdicción de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de
la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que
le atribuye a su fuerza pública el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como “falsos
positivos”. En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia
contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de
derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de
oposición realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la oficina presidencial de inteligencia. “Resulta problemático
que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas
en una guerra de medio siglo de duración, y que han actuado en lugar de
una fuerza policial en muchas áreas del país, se desempeñen como
entrenadores para fuerzas de seguridad en América Central y en otros
países que están experimentando la violencia relacionada a las drogas,
pero no se encuentran en una situación de conflicto armado. De hecho,
algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus
fuerzas armadas después de los conflictos que tuvieron lugar en la
década de 1980, y ahora están revirtiendo esta situación.” Además, el
entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse
en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con
el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados
Unidos, lo cual plantea un tema crítico de transparencia. “La
subcontratación de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin
contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible
asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben
entrenamiento están libres de acusaciones de abusos”, sostiene el
informe.
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